¿Qué pueden hacer las minorías al comprar un auto para evitar la discriminación?

Consumer Reports recomienda que una medida que los compradores de autos pueden tomar para protegerse es establecer su financiamiento antes siquiera de entrar a la agencia de autos para firmar la documentación.

También pueden pedirles a los concesionarios que les digan el margen sobre el préstamo o los préstamos ofrecidos, para que puedan hacer comparaciones, dice Pam Banks, asesora principal de políticas de Consumers Union, la división de políticas y movilización de Consumer Reports.

Los prestatarios de préstamos de autos que sospechen que han sido discriminados pueden presentar una queja ante el fiscal general de su estado, dice Banks. Y pueden presentar una queja utilizando la base de datos de quejas del consumidor del CFPB. 

"Sigue siendo una violación de las leyes de protección al consumidor", dice Banks.

James Bragg, fundador y gerente de Fighting Chance, un servicio que proporciona información para compradores de autos nuevos con su sede en Long Beach, California, sugiere llamar a varios prestamistas y visitar sitios web que comparan tarifas automotrices para obtener una variedad de presupuestos.

"Haz que compitan entre ellos en la tasa de interés", dice. "Comienza con tu banco. La pregunta es, ¿puede Honda superar la tasa del banco?

La política de la CFPB ahora eliminada, técnicamente llamada "boletín" o "guía", tenía la intención de garantizar que los concesionarios de autos no aumentaran la tasa de interés que cobraban a los prestatarios minoritarios más que a los prestatarios blancos.

Los concesionarios que obtienen una cotización de tasa de interés de un prestamista de autos de terceros generalmente tienen la discreción de aumentar esa tasa de interés para el cliente y mantener parte o la totalidad de la diferencia entre las dos tarifas. Esa diferencia en el bolsillo se conoce como el "alza [markup] del concesionario".

La guía, que el CFPB anunció en un boletín publicado en 2013, les recordaba a los concesionarios que obedecieran las leyes federales de crédito equitativo al establecer los márgenes de ganancia de sus concesionarios.

Los defensores de los consumidores dicen que una reversión de la política hará que los prestatarios minoritarios sean vulnerables a subidas de precio por concesionarios de autos y prestamistas inescrupulosos.

"Las alzas por los concesionarios en los préstamos para autos a menudo resultan en mayores costos para los prestatarios minoritarios en comparación con los prestatarios blancos con historiales de crédito similares", dice Banks.

"La guía de la CFPB simplemente destacó la potencial responsabilidad que los prestamistas enfrentan a causa de los márgenes discriminatorios de los concesionarios y cómo se puede evitar", dice. "El Congreso no debería haber impedido los esfuerzos federales para abordar la discriminación en los préstamos de autos".

Banks señaló un estudio reciente de la National Fair Housing Alliance, sin fines de lucro, con sede en Washington, DC. El estudio hizo que evaluadores blancos y no blancos fueran a comprar el mismo auto de los mismos concesionarios con 24 horas de diferencia.

En la mayoría de los casos, al solicitante no blanco más calificado se le ofreció un préstamo de auto más caro. En promedio, a los prestatarios no blancos se les cobró $ 2,662 más que a los prestatarios blancos durante la vigencia del préstamo.

Un informe del Centro Nacional del Derecho del Consumidor (PDF) de 2015 sobre las prácticas de los prestamistas de autos durante muchos años mostró amplias diferencias en las tasas de préstamos para autos otorgadas a los prestatarios de préstamos para autos, sin relación con el riesgo de crédito.

Los críticos de la guía de la CFPB dicen que la agencia excedió su autoridad al promulgar su guía de préstamos para autos.

La Ley Dodd-Frank, que formó a la CFPB, específicamente dejó fuera de la jurisdicción a los concesionarios de autos, pero no a los prestamistas. Al expedir una guía informal en lugar de una regla y al saltarse la revisión regular requerida para las reglas propuestas, la oficina eludió la ley, dicen estos críticos.

Las resoluciones de ambas cámaras que eliminan la guía de la CFPB "es una respuesta medida al intento de la CFPB de evitar el escrutinio del Congreso", dice Peter Welch, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Vendedores de Automóviles, con sede en Tysons, Virginia.

"Continuamos alentando a todos los concesionarios locales a que adopten el programa voluntario de cumplimiento de crédito justo de NADA, que se basa en un modelo del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, continúa Welch. "Ayuda a eliminar el riesgo de crédito justo en los préstamos automotrices al tiempo que garantiza un mercado competitivo".

Al revocar la norma, los republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes utilizaron la Ley de Revisión del Congreso de una manera sin precedentes. La ley, que le permite al Congreso revertir las reglas establecidas por los reguladores dentro de los 60 días de su presentación, no se había aplicado antes a guías o boletines de los reguladores, como lo hace la regla para los financiadores de autos de la CFPB. Pero en diciembre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental determinó que la orientación podría estar sujeta a revisión en virtud de la ley, como ocurre con una regulación.

Los prestamistas y los distribuidores podrían beneficiarse del desmantelamiento de la guía, dice Charles Gabriel, presidente y director gerente de Capital Alpha Partners, una compañía de investigación de políticas con sede en Washington, D.C.

"Los distribuidores tienen aún más que ganar, dado el alto porcentaje de sus ganancias que estos acuerdos de distribución de ingresos han representado durante mucho tiempo", dice.

Los observadores dicen que el uso de la Ley de Revisión del Congreso que está marcando precedentes podría conducir a más de lo mismo en el futuro.

"Al utilizar la Ley de Revisión del Congreso para eliminar la orientación regulatoria directa, la mayoría del Congreso también ha abierto la puerta a desafiar los esfuerzos de largo plazo para proteger a los trabajadores, consumidores, derechos civiles, el medio ambiente y la economía", dice Rion Dennis, defensor con Americans for Financial Reform, una coalición sin fines de lucro con sede en Washington, D.C. "Y esto ha enviado un terrible mensaje a los reguladores gubernamentales actuales sobre sus obligaciones bajo la ley".